Nueva defunción monetaria

Eduardo Barreira Delfino

por Eduardo Barreira Delfino

lunes, 03 de febrero de 2014

Las últimas cuatro décadas de la historia argentina, demuestran la ineptitud de las autoridades gubernamentales para defender la "moneda”" y sus funciones específicas, como herramienta fundamental para permitir que la sociedad "proyecte" su futuro al desarrollo y bienestar.

Las transacciones económicas y financieras, tanto en el sector privado como en el público y en el orden nacional como internacional, necesariamente requieren contar con una moneda confiable y estable, para darle fluidez a los negocios y los servicios que hacen a la vida social, generando un circuito virtuoso de la actividad ciudadana.

En el dinámico y globalizado mundo económico y financiero, la confiabilidad monetaria constituye una política de estado de todo país serio, en virtud de que el dinero carece de valor intrínseco (tinta y papel) y solo tiene el valor nominal que la autoridad le asigna, que es de significativa naturaleza fiduciaria. Por ello, el factor psicológico, es relevante en virtud de configurar el motivo por el que la moneda de un país sea aceptada (intercambio) y/o atesorada (ahorro).

De modo tal, que esa confiabilidad, solo es viable conforme sea el respaldo que tenga esa moneda.

¿Y cual es la base de sustentación de ese respaldo psicológico? Cuatro factores relevantes:

  • Reservas internacionales acumuladas y administradas eficientemente.
  • Respeto de las instituciones consagradas por las leyes de organización del país.
  • Fortaleza de sus estructuras productivas y su integración nacional como internacional.
  • Calidad de la gestión y administración de la cosa pública, por parte de los gobiernos.

Fácil resulta deducir que, si alguna de estas variables no funciona, el valor de la moneda y su grado de confiabilidad entran en crisis, con macro efectos inevitablemente perniciosos para el conjunto de la sociedad. Más grave aún, si esos cuatro factores no funcionan.

Es vital recordar y aprehender que la estabilidad monetaria y financiera permite:

  • Alentar las posibilidades de proyectarse al futuro y decidir inversiones y emprendimientos.
  • Sincronizar los flujos entre acreencias y pasivos, evitando las especulaciones circunstanciales en los compromisos y relaciones contraídos.
  • Aportar mayor seguridad y previsibilidad a las transacciones.
  • Profesionalizar la administración de los recursos, para evitar la descapitalización de los activos, sean privados o públicos.
  • Mejorar las expectativas del ahorro y el crédito, bajando las tasas de interés, alargando los plazos y ampliando las alternativas de financiamiento.

Lamentablemente, la historia de la moneda nacional se ha agudizado en los últimos 40 años, por no saber combatir la inflación. Así tenemos:

  • Cambio de moneda (1970).
  • Inflación “cero” (1973/1974).
  • “Rodrigazo” (1975).
  • Emisión sin respaldo (1975).
  • Debilitamiento del ahorro (1976).
  • Endeudamiento externo (1977/1978).
  • Plata dulce (1978).
  • Tablita cambiaria (1980).
  • Bono de consolidación financiera (1981).
  • Guerra de las Malvinas (1982).
  • Estatización de la deuda privada (1982).
  • Segundo cambio de moneda (1983).
  • Ahorro obligatorio (1984).
  • Tercer cambio de moneda - Plan austral – Desagio (1985).
  • Plan primavera (1987).
  • Hiperinflación (1988).
  • Plan BONEX (1990).
  • Cuarto cambio de moneda – Convertibilidad – Paridad cambiaria fija (1991).
  • Reafirmación de la continuidad de la paridad cambiaria fija (1995).
  • Admisibilidad del Bi Monetarismo (1996).
  • Proceso de desindustrialización – Crisis del sector PYME (1997).
  • Consolidación del proceso de Dolarización (1998).
  • Emergencia económica y Blindaje (2000).
  • Mega Canje de deuda pública (2001).
  • Ley de intangibilidad de los depósitos (2001).
  • Corrida bancaria y corralito (2001).
  • Mantenimiento de la convertibilidad (2001).
  • Emergencia pública monetaria (2001).
  • Salida de la convertibilidad (2002).
  • Reconversión de los ahorros en dólares y reprogramación de los mismos (2002).
  • Política de congelamiento de tarifas de los servicios públicos (2002).
  • Reestructuración de deuda pública en default (2005).
  • Alejamiento mercados internacionales (2006).
  • Demérito profesional del INDEC (2007).
  • Desinterés en combatir la inflación insinuante (2007).
  • Aislamiento paulatino del concierto internacional (2008).
  • Crisis del campo - Fuga de capitales (2008),
  • Incremento del gasto público (2009).
  • Recrudecimiento de la inflación (2009).
  • Blanqueo de capitales sin éxito (2009).
  • Deterioro de las infraestructuras (2009).
  • Estatizaciones de empresas e intervencionismo estatal (2009).
  • Reducción de la inversión extranjera (2010).
  • Habitualidad en la toma de las reservas del BCRA (2010).
  • Deterioro del balance comercial (2011).
  • Política de pesificación (2011).
  • Deterioro de la estructura energética (2011).
  • Desmadre del gasto público (2011).
  • Cepo cambiario (2011).
  • Desaceleración de la economía (2012).
  • Desdoblamientos cambiarios implícitos (2012).
  • Caída sostenidas de las reservas (2012).
  • Proceso de desinversión y enfriamiento económico (2012).
  • Blanqueo fiscal y penal (2013).
  • Reafirmación del control de cambios y cepo a las importaciones (2013).
  • Licuación de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales (2013).
  • Agravamiento de los déficit provinciales (2013).
  • Expansión monetaria - Aceleración inflacionaria (2013).
  • Devaluaciones periódicas - Ajustes encubiertos o disimulados (2014).
  • Insinuación de estanflación (2014).

Fácil resulta deducir, que nuevamente se ha puesto en riesgo el valor de nuestra moneda, con la lógica pérdida de confianza que ello apareja, razón por la cual no debe extrañar que la ciudadanía (en todos sus niveles), busque desprenderse de ella y sustituirla por otro activo, como forma de proteger sus ingresos y sus patrimonios (tal vez el “bitcoin”. Podría decirse que, una vez más la "crónica de una muerte anunciada" de la moneda nacional, se ha cumplimentado. Es hora de que nuestros dirigentes políticos aprendan a administrar los recursos públicos y que lo hagan como si fueran propios.