Crisis institucional / Crece la tensión por el conflicto en el Banco Central

Redrado intentó ayer entrar en el BCRA y fue rechazado

lunes, 25 de enero de 2010

Después de que se lo impidió una guardia policial, fue a una comisaría y denunció a Aníbal Fernández

 Martín Redrado se presentó ayer, al caer la tarde, en la puerta del Banco Central (BCRA). Un agente de policía ?de la veintena que, con escudos, protegía el acceso? le preguntó para qué quería pasar. Redrado respondió que iba a hacerse cargo de sus funciones como presidente de la entidad. El custodio le mostró una notificación del directorio según el cual Miguel Pesce, el vicepresidente, había asumido la jefatura del banco el viernes pasado (de lo que se informa en la Pág. 6). Redrado preguntó quién le había indicado a Pesce que tomara esa decisión. El policía no contestó. Un escribano labró un acta y Redrado se retiró, según relataron a La Nacion fuentes cercanas al presidente del BCRA.
Redrado se dirigió después, acompañado por sus abogados, a la comisaría de la jurisdicción (la 1a.) para denunciar penalmente al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por haberle impedido entrar en la institución. La selección de Fernández para esa denuncia se debió a que fue quien declaró: "Redrado no volverá a entrar en el Banco Central".
Redrado prefirió evitar un escándalo al montar ayer, sin más testigos que los abogados que lo acompañaron, la escena prevista para hoy, a las 9. Tal vez fue el plan inicial, y los anuncios sobre lo de esta mañana, un modo de despistar a los medios.
En la puerta de la calle Reconquista no hubo forcejeos ni discusiones. Pero sí la curiosidad de que el funcionario que pretendió entrar y los policías que se lo impidieron se justificaron en el mismo fallo judicial: el que la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo dictó el viernes.
Redrado terminó de definir su estrategia ayer por la tarde, con sus abogados. En ese encuentro se repasaron los considerandos de la sentencia de las juezas Marta Herrera y Clara Do Pico. A pesar de la ambigüedad de ese texto, Redrado defenderá que no fue removido. Juan Carlos Cassagne, uno de los patrocinantes de Redrado, lo explicó anoche a La Nacion: "El fallo de la Cámara acogió el principal argumento de Redrado y es que el Congreso no intervino antes de que se dictara el decreto. Por eso, las camaristas dicen que debe aguardarse ese consejo. Lo mismo había dicho la jueza Sarmiento. ¿Qué cambió entre una cosa y otra? Que la Presidenta se comprometió a hacer la consulta. Por lo tanto, el derecho por el que reclamaba Redrado comenzó a quedar cubierto y, mientras se cumpla con esa consulta, él sigue estando en su puesto. Si se quiere, quien le concedió la cautelar al presidente del banco fue la señora de Kirchner al incluir al Congreso en la decisión".
En el oficialismo entienden, en cambio, que el fallo desplazó a Redrado. Es la razón por la cual, el viernes, el vicepresidente del banco, Pesce, labró un acta junto con el secretario del directorio para asumir la titularidad de la entidad en reemplazo del presidente. Es el acta que le notificaron ayer a Redrado.
Asesoramiento
Antes de elaborar ese documento, Pesce se hizo asesorar por dos dictámenes, uno de la Presidencia de la Nación y otro de la oficina jurídica del banco. En ambos casos, le informaron que la Cámara había convalidado el desplazamiento de Redrado. Un colaborador de Pesce lo expone así: "La Cámara dio por sentado que la Presidenta desplazó a Redrado. El defecto que podría tener el trámite se subsanó al pedirse el consejo legislativo. Como ese consejo no es vinculante, no altera la expulsión. A tal punto es así, que las camaristas sólo le advierten al Poder Ejecutivo que no podrá designar a otro presidente del Banco Central con carácter definitivo. Pero dejan abierta la posibilidad, por ejemplo, de que la Presidenta nombre a alguien «en comisión». Es la figura que se aplica cuando todavía no se consiguió el acuerdo del Senado".
Los planteos de Redrado tienen una fisura: la Cámara no habló nunca de reposición. Ni, mucho menos, anuló el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de exoneración. Estas debilidades fueron evaluadas por Badeni y Cassagne, aunque desistieron de pedir una aclaratoria al tribunal, para no revelar la fragilidad de la situación del defendido. La posición del Gobierno tiene un obstáculo más importante que superar: el consejo del Congreso puede no ser vinculante, pero debe ser previo. Que no sea vinculante significa que la recomendación puede no ser obedecida. No que su requerimiento pueda ser evitado. Los legisladores previeron, es obvio, que el parlamento podía modificar la visión inicial del Ejecutivo. También dieron lugar a la defensa del funcionario cuyo desplazamiento se discute.
Estos problemas no saldrán a la vista mañana, cuando Julio Cobos presida la primera reunión de la comisión bicameral prevista en el artículo 9º de la Carta Orgánica del Banco Central, para emitir ese "consejo previo no vinculante". La integran el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Gustavo Marconato -Frente para la Victoria-, y el presidente de la de Finanzas de la misma Cámara, Alfonso Prat-Gay -Coalición Cívica-; sus sesiones son reservadas -sin presencia de asesores- y pueden derivar en secretas; entre sus atribuciones puede estar pedir la suspensión de los funcionarios bajo examen.
Ese equipo debe despejar varias incógnitas. La primera es si el decreto presidencial sobre Redrado, dictado antes de la consulta parlamentaria, es válido. Será crucial la posición de Cobos. Acaso deba desempatar una disidencia entre Prat-Gay y Marconato. Cabe, entonces, la posibilidad, de que la comisión pida al Poder Ejecutivo que anule el DNU.
Caminos intermedios
Hay juristas independientes que imaginan caminos intermedios. Por ejemplo, la aplicación de un procedimiento, bastante inusual, denominado "conversión". La señora de Kirchner podría, por un decreto simple, aclarar el procedimiento de la remoción de Redrado, subsanando de algún modo la omisión en la que incurrió. Es difícil que lo haga.
El otro interrogante que estará sobre la mesa de la comisión, mañana, es la razón por la cual se removió o se pretende remover a Redrado. La nota dirigida por Cristina Kirchner a Cobos habla de "incumplimiento de los deberes de funcionario y mala conducta". Si es por haberse convertido en "el guardián de las reservas" -como se calificó él ayer, en una nota de opinión publicada en este diario-, el motivo parece haber desaparecido. La misma cámara de apelaciones determinó el viernes, en otro fallo, que el Poder Ejecutivo no puede utilizar las reservas sin intervención del parlamento.
Los funcionarios del Central alineados con la Casa Rosada defienden, sin embargo, que hubo un incumplimiento por parte de Redrado. Uno de ellos sostuvo ayer: "Esta crisis se produjo porque, como presidente del Banco, no consultó al directorio sobre algo que sólo el directorio puede decidir. Tal vez, hasta lo hubiéramos acompañado. Pero el expediente sobre el Fondo del Bicentenario se inició recién cuando la oposición fue a la Justicia".
Cuando a ese funcionario, íntimo de Pesce, se le observa que Redrado esperaba el resultado de consultas internas, contesta: "En 2005, cuando se pagó al Fondo con reservas, él mismo negoció el decreto con Felisa Miceli y liquidó todo el procedimiento, con la autorización del directorio incluida, en un día".
El alcance del motivo por el cual el caso Redrado va al Congreso esta semana puede tener derivaciones imprevistas. En la oposición ya se levantaron voces indicando que quizás haya que examinar toda la gestión de Redrado. Sobre todo su reivindicación como "guardián de las reservas". El diputado Prat-Gay, por ejemplo, cuestionó ese enfoque hace semanas. El 29 de diciembre, realizó un pedido de informes sosteniendo que "la Carta Orgánica no le pide al presidente del Banco Central que acumule reservas, sino que custodie el valor de la moneda. La acumulación de reservas de la que se ufanan el Gobierno y el presidente del banco la pagamos todos, con una inflación que fue el triple de las de nuestros vecinos".
No habría que descartar que el tedioso trámite procesal que se inicie mañana mute en un proceso general sobre la política económica de los últimos años. De ser así, la suerte de Redrado se volverá todavía más incierta.

Fuente: La Nación