Sector financiero / Propuesta de la centroizquierda

Buscan controlar más a los bancos

martes, 27 de abril de 2010

Presentaron un proyecto que obligaría a las entidades a destinar el 40% de su financiamiento a las pymes

 Diputados de la centroizquierda encabezados por Carlos Heller y Martín Sabbatella presentaron ayer un proyecto de ley que instaura una fuerte regulación del Estado en el sistema bancario y financiero: obliga a las entidades a destinar el 40% de su financiamiento a las pymes, fija topes a las tasas de interés en los préstamos para ese sector y establece fuertes restricciones a las entidades de capital extranjero.
Además, limita al 8% la participación de mercado que una entidad puede tener tanto en depósitos como en créditos del sistema y propone la estatización de Sedesa, la empresa mixta que actúa como sistema de garantías de depósitos.
La iniciativa, bautizada como "proyecto de servicios financieros para el desarrollo económico y social", propone como objetivo básico convertir la actividad financiera en un "servicio público, en función de las necesidades de los usuarios, y no de las entidades financieras", explicó ayer Heller, en conferencia de prensa, junto con sus pares de bloque de Nuevo Encuentro y Forja. A tal efecto, coloca al Poder Ejecutivo en un papel fundamental, ya que es el que podrá autorizar, junto con el Banco Central, el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero, así como el aumento de su participación en el capital de entidades financieras y nuevas inversiones del exterior.
El proyecto cuenta, por ahora, con un respaldo cauto del oficialismo. "No conozco el texto todavía, pero vamos a permitir que se dé el debate", anticipó el jefe de los diputados kirchneristas, Agustín Rossi. Encumbradas fuentes oficialistas adelantaron a LA NACION que aún no recibieron directivas al respecto de la Casa Rosada. De todas maneras, aun cuando se cuente con el respaldo oficialista, dependerá del humor de la oposición -que domina el cuerpo- que el proyecto prospere.
Garantía estatal
"Con esta iniciativa buscamos que el sistema haga por regulación lo que no hace por voluntad propia", resumió Heller, al tiempo que Sabbatella enfatizó que el objetivo es "poner fin a la ley de entidades financieras vigente, que data de la última dictadura".
Entre los puntos sustanciales de la iniciativa figura la obligación, para las entidades financieras, de instaurar un régimen con garantía estatal para los depósitos, con un límite de hasta $ 100.000 por depositante o su equivalente en moneda extranjera. Además, los bancos deberán destinar en forma directa o indirecta a las pymes no menos del 38% del total de su financiamiento al sector privado, y 2% a los microemprendimientos.
Las tasas de interés máximas para préstamos a pymes y microempresas y créditos personales de hasta $ 100.000 "no podrán superar en más de 5% a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento", explicó Heller.
Respecto del tope del 8% en la participación de una entidad en el sistema de depósitos y créditos, Heller explicó que "no se modificará la situación actual, pero evitará que el sistema avance a una mayor concentración". El proyecto impulsa la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central, y un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros en cada entidad financiera.
En materia crediticia, la iniciativa encomienda al Banco Central establecer un listado de "servicios esenciales" que las entidades deberán ofrecer a los sectores de menores ingresos de la población, que deberán ser prestados sin costo o con un nivel máximo de comisiones. Por otra parte, se establecen disposiciones más estrictas sobre la explotación de empresas no financieras y se anula la posibilidad de que los bancos puedan tener participación accionaria en otras entidades.
PUNTOS CENTRALES
Servicio público: la actividad financiera se orienta a satisfacer las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras. Para ello se obliga a las entidades a destinar parte de sus carteras a la actividad productiva de las pymes y se crea un régimen de garantía de depósitos, que incluye la estatización de Sedesa.
Entidades extranjeras: serán consideradas tales aquellas que superen el 30% de su capital foráneo. El Poder Ejecutivo deberá autorizar su funcionamiento.
Tasas de interés: las tasas de los préstamos destinados a micro-empresas y pequeñas empresas no podrán superar en una proporción del 5% una tasa promedio ponderada del sistema financiero.
Límites a la participación: ninguna entidad podrá tener una participación de mercado superior al 8% ni en depósitos ni en créditos.

Fuente: La Nación