lunes, 06 de junio de 2011
Al proyecto del oficialista Carlos Heller, que propone declarar el sistema como un “servicio público”, se opone la iniciativa del machista Federico Pinedo. Ese texto está en línea con lo que piden los bancos.
La reforma a la Ley de Entidades Financieras, el proyecto que alteró los ánimos del sector y que alentó debates en el interior del Gobierno, volverá a ser discutido antes de que termine junio.
Eso es lo que se decidió en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que conduce el lilista Alfonso Prat Gay. Los proyectos de actualización en debate son el de Federico Pinedo (PRO) y el de Carlos Heller (Nuevo Encuentro). Este último le da al sistema el carácter de servicio público.
Ésa es la definición que más resisten los bancos, y el vocero de esa oposición es el titular de la asociación de bancos de capital nacional (ADEBA), Jorge Brito. Sus cuestionamientos públicos muestran hasta dónde la sanción de ese proyecto podría afectar la relación entre el Gobierno y el sector bancario.
Durante el año pasado empezaron las rondas de invitaciones a los distintos actores involucrados en el sistema financiero. Los convocados en esa ocasión fueron las cámaras de bancos y las asociaciones de defensa del consumidor, entre otros.
El objetivo es discutir los tres proyectos de reforma presentados: el de Heller, el de Pinedo y el de Gerardo Milman (GEN).
PRIORIDADES. A fines del 2010, los que quedaron pendientes de citación fueron tres grupos: los especialistas académicos, los supervisores del sistema y los reguladores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Según supo BAE, Prat Gay informó, el martes, su intención de retomar esa agenda, para terminar de dar el debate. El diputado aún no sabe si esas tres reuniones se llevarán adelante en una sola fecha o dos: el problema es la falta de quórum.
Los encuentros que tuvieron lugar en la comisión el año pasado, acusaron de un gran ausentismo por parte de los diputados: se generaban escenarios con empresarios o asesores, por un lado, y solamente dos o tres legisladores escuchando, por el otro. El objetivo de Prat Gay es buscar que haya más diputados presentes. Para eso, pidió por mail las propuestas de los días que les queden más “cómodos” a los congresistas.
Los primeros encuentros serían tras las elecciones en Misiones, que transcurrirán el domingo 26 de junio. La pobre convocatoria no es azarosa. Es que, para el Gobierno, no parece ser un tema prioritario: en un año electoral, este debate podría generar un desgaste innecesario, según estiman en el Ejecutivo.
DIVIDIDOS. “Completar el cronograma es recibir a los actores que faltan, después queda empezar el debate entre los diputados, lo cual es difícil que pase, al menos en el corto plazo”, reconoció a BAE un asesor técnico del oficialismo.
Debido a los grandes puntos en los que chocan los proyectos de Heller y Pinedo, se emitirían dos dictámenes en una comisión en la que la oposición suma más votos.
Por eso, estiman que el dictamen de mayoría sería, si saliese antes de diciembre, una mezcla del proyecto del diputado de PRO y de Milman (el proyecto del GEN es básicamente una copia de la ley actual). El texto de Heller saldría como el de minoría.
Este escenario podría modificarse si el Frente para la Victoria se “metiese” en la discusión, pero eso implicaría tensionar las relaciones con el sector financiero, con quien las relaciones comenzaron a mejorar. Pese al cese de las convocatorias oficiales, asesores técnicos de las distintas fuerzas aseguraron a BAE que, mientras tanto, ellos nunca dejaron de tratar la reforma de la Ley de Entidades Financieras en sus reuniones. “El tema no está muerto, pero igualmente no se divisa ninguna intención de nadie de apurar el trámite para que salga este año”, afirmaron.
EL RATIO.Un asesor de la comisión ilustró a BAE que esta ley claramente no logró generar, en 34 años, un sistema financiero que impulsase el crecimiento. “La mayor actividad financiera no tiene correlato en un alza del crédito. La Argentina es, hoy, uno de los países con menor ratio “crédito al sector privado/PBI” de América latina, mientras que, en países vecinos, la proporción es visiblemente superior: en Chile supera el 55%, en Brasil, el 33%; y en la Argentina está en 12%”, detalló el economista.
La ley actual, la 21.526, fue sancionada durante la última dictadura militar por José Martínez de Hoz. Aunque ha sufrido modificaciones en las últimas décadas, nunca se corrigió la raíz original que les da grandes libertades a los bancos privados, que pueden operar con escasas regulaciones y determinar las reglas en el mercado. Quienes exigen una actualización señalan que el sistema bancario debería trabajar junto al BCRA para impulsar el desarrollo económico, en vez de visualizar esta institución como un “negocio”.
Una deuda pendiente es la de estimular la banca pública, ya que la mayoría de los bancos públicos han desaparecido. Esto perjudica a quienes los privados no ven como “buenos clientes”: las cooperativas, las pequeñas empresas, consumidores de clase baja, economías regionales y trabajadores informales, entre otros.
Sin embargo, un banquero que participó de las reuniones de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) reconoció que “probablemente haya que modificar la Ley de Entidades Financieras”, pero sostuvo que avanzar por el sendero de la declaración de servicio público sería “aislar al sistema financiero argentino del mundo”.
El remate de la argumentación, que incluyó una defensa del financiamiento del consumo por sobre la producción, fue concluyente: “Para prestarles a los más desamparados está el Gobierno. No creo que haya que poner en riesgo los depósitos de la gente en un banco privado. Para hacer asistencia está el Gobierno”
Fuente: DiarioBAE
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