Tras juntar 1 millón de firmas, buscan acelerar el proyecto de reforma de la Ley de Entidades Financieras

lunes, 30 de enero de 2012

El oficialismo apoya la propuesta de Carlos Heller, que declara a la actividad bancaria como "servicio público". Por otra parte, la oposición impulsa sus propias iniciativas que apuntan a que los excedentes del sistema no sean utilizados de manera discrecional. Qué dice cada propuesta

Si hay algo que mantiene en vilo a los banqueros es la posible modificación de la Ley de Entidades Financieras. Y aunque afirman que es necesaria una reforma del sistema, existen algunos puntos de los proyectos que fueron presentados en el Congreso que aún "no les cierran".

La iniciativa más cuestionada desde el sector financiero es la del diputado de Nuevo Encuentro, presidente del Banco Credicoop y nuevo titular de la Comisión de Finanzas, Carlos Heller, porque considera a la actividad como un "servicio público".

No obstante, días atrás, este proyecto alcanzó el millón de firmas de adhesión en todo el país, lo cual lo posiciona como una propuesta con altas chances de ser debatida en el recinto.

Inicialmente, al momento de su lanzamiento, contó con el apoyo del oficialismo pero el año legislativo 2011 finalizó sin que llegara a ser analizado en Comisión.

Ahora, con la nueva composición del Congreso, donde el Frente para la Victoria (FPV) junto a sus aliados cuenta con amplia mayoría en las comisiones de Presupuesto y Finanzas, las chances de una aprobación se multiplican.

En este sentido, de acuerdo con Parlamentario.com, el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) Gerardo Milman, autor de una de las iniciativas sobre el tema que están en el Congreso, aseguró que "existen claros indicios de que el Gobierno Nacional impulsará este año la reforma de la Ley de Entidades Financieras", por lo que formuló sus recaudos.

Es que, para el mencionado legislador opositor, "la idea del Gobierno será utilizar los excedentes del sistema financiero para sostener parte de su política discrecional".

Además, remarcó que el Ejecutivo "ya ha recibido varias sugerencias por parte de los funcionarios oficialistas de que la reforma debe tener el contenido capaz de controlar las actividades de los bancos en la Argentina".

Así, se manifestó proclive a una reforma que ponga fin a la ley de la dictadura, que aumente los derechos de los usuarios y que termine con "una cantidad interminable de cuevas que le prestan dinero a los que menos tienen, a tasas usurarias".

Vale recordar que, durante 2011, el antiguo titular de la comisión de Finanzas, Alfonso Prat Gay, convocó a distintos banqueros y cámaras empresarias para negociar la posibilidad de llegar a un texto común, entre los presentados en el Parlamento por Heller, Milman y Federico Pinedo (PRO), pero no llegó a buen puerto.

Punto por punto de las iniciativas
La iniciativa de Carlos Heller declara al sistema financiero como un "servicio público", lo que implica que debe ser de acceso universal (y, en algunas ocasiones, hasta gratuito).

En uno de sus puntos, justifica que el Estado oriente hacia qué sectores debe canalizarse el ahorro y que tenga una injerencia mayor que la actual en cuanto a la actividad de las firmas privadas.

Asimismo, propone una clasificación en cinco tipos de entidades, cada una con características, atribuciones y obligaciones diferenciadas: los bancos comerciales, los de inversión, los hipotecarios, las compañías financieras y las cajas de crédito.

Por otra parte, establece que, para ser considerado como entidad de capital nacional, el banco no puede tener una porción accionaria mayor al 30% de propietarios del exterior.

En un cambio importante respecto de la situación actual, los bancos extranjeros deberán responder con todo su patrimonio local, y también con el de su casa matriz, por los pasivos que contraigan en la Argentina.

Actualmente, la casa matriz no asume la responsabilidad de la filial, pero Heller justificó esta inclusión "para evitar casos como el de 2002".

En tanto, la apertura de nuevas sucursales estará sujeta a la aprobación del Banco Central, que aplicará un criterio de cobertura geográfica y desestímulo a la "concentración".

De esta forma, podrá denegar el permiso si considera que la zona donde se quiere instalar el establecimiento está suficientemente cubierta.

También podrá declarar que, en determinados lugares, queda temporariamente suspendida la apertura de sucursales.

Por otro lado, la iniciativa estipula que el otorgamiento de crédito en moneda extranjera está limitado a ciertas condiciones.

Además, se fijan topes a las tasas de interés de los préstamos para las pequeñas o micro empresas. Estas tasas no podrán superar en 5% la media del sistema financiero. El promedio será medido por el Banco Central (BCRA), en base a información que deberán presentar los bancos.

Y establece un límite similar para los préstamos personales hasta un monto de $100.000. El Central diferenciará entre los créditos con vencimiento menor a un año y aquellos que superen ese tope.

En tanto, se limitará la posibilidad de cobro por otros conceptos que no sean la tasa de interés.

El BCRA establecerá una serie de servicios "esenciales", de cumplimiento obligatorio, dirigidos a los segmentos de la población con menores ingresos. Se regulará sobre las pautas, denominación, publicidad y comisiones para estos servicios. Asimismo, se topeará la comisión a cobrar y, si fuera necesario, la autoridad monetaria establecerá la gratuidad del servicio.

De todas formas, el texto estipula que "las entidades tendrán el derecho de no brindar el servicio a determinados usuarios en base a consideraciones de riesgos".

Por otra parte, se creará una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros. El organismo recibirá denuncias de incumplimientos por parte de las entidades privadas, y será consultor del Banco Central, del cual dependerá formalmente.

Asimismo, se fija un límite al market share que puede tener un banco. Ninguna institución puede captar más del 8% de los depósitos y préstamos del sistema (no se cuenta al sector público en esta disposición).

Para Heller, el nuevo sistema "debe funcionar de manera permanente y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes los prestan y no debería perseguir, principalmente, fines de lucro, ya que corresponde anteponer el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico".

La propuesta del PRO
Los más de 200 artículos que integran el proyecto firmado por Pinedo tienen como "objetivo generar un cambio estructural de largo plazo para tener una economía productiva, con mucho ahorro y crédito".

"El proyecto de ley beneficia el crédito mediante la creación de centrales de balances de empresas, premiando a los cumplidores. Por otro lado, se propone castigar los comportamientos monopólicos que puedan llevar a tener tasas injustificadamente caras", explicó el titular de bancada del PRO.

En diálogo con iProfesional.com, el legislador del mismo partido e integrante de la comisión de Finanzas, Jorge Triaca, indicó que "muchas veces, por falta de información crediticia, el sistema financiero se perjudica".

Como una forma de diferenciarse del proyecto oficialista, Pinedo consideró: "No creemos en la propuesta de Heller, que busca que la actividad sea un servicio público de titularidad estatal y que cree que se puede otorgar créditos por ley".

En tal sentido, calificó al sistema financiero de "servicio de interés público", en lugar de "servicio público", tal como propone la reforma impulsada por Heller.

Además, pone bajo la órbita de la ley a un grupo de actividades que -si bien hasta el presente están en el ámbito del Banco Central- no entran en la definición de "entidad financiera", como son las casas de cambio o las emisoras de tarjetas de crédito.

En cuanto a la bancarización, impulsa, por un lado, la creación de las "corresponsalías" para llegar a lugares con nula presencia bancaria, a través de convenios con empresas públicas o comercios.

En este punto, promueve la creación de una cuenta básica bancaria única y gratuita, para incrementar el número de personas que conformen el sistema y también tiene como objetivo blanquear aún más la economía.

Por otro lado, la iniciativa incorpora la defensa del consumidor bancario.

"Había una decisión clara a tomar respecto a si el defensor del usuario del sistema financiero debía estar dentro o fuera de la órbita del Banco Central. Entendemos que tiene que estar fuera, formando parte de la defensoría del pueblo, para proteger mejor al particular de los abusos", resaltó Triaca.

Relaciones financieras
En tanto, el diputado del FAP (Frente Amplio Progresista), Gerardo Milman, presentó una iniciativa bautizada como "Ley de Relaciones Financieras y Garantías al usuario de créditos y depósitos", que tiene como objetivo primordial el reemplazo de la actual "Ley de Entidades Financieras", sancionada en 1977, y modificada en una treintena de oportunidades, a partir de la restauración de la democracia.

"Heller tendrá que resolver su dicotomía porque, además de ser diputado, es presidente de un banco", advirtió el diputado.

Milman no dudó en cuestionar duramente la iniciativa del titular del Credicoop: "La propuesta de Heller hace referencia a las entidades bancarias como un servicio público, como si fuese el agua. Ahora bien, aunque alguien no pague la boleta, no se le puede prohibir el acceso al agua potable", enfatizó.

"En el caso de un banco, no suena lógico que, por ejemplo, a Siderar le den un préstamo de un millón de pesos y a Gerardo Milman también, sin considerar los antecedentes que tiene uno y otro. No es razonable", disparó.

En cambio, el de Milman hace referencia a que se incorpore la forma de "interés público".

Otra de las discrepancias consiste en que este proyecto señala que los bancos comerciales "pueden realizar todas las operaciones no prohibidas".

"Tenemos que ver qué sistema financiero queremos. Una cosa es intentar que el mercado fluya, que sea competitivo, y otra muy distinta es tratar de restringirlo a bancos oficiales u obligarlos a comprar bonos del Estado para prestar barato", apuntó Milman.

También indicó a este medio que su iniciativa tiene como objetivo generar una mayor bancarización de los argentinos: "Sucede que los bancos cobran intereses muy altos porque el mercado es muy pequeño. En la Argentina, no se llega al 15%, mientras que, por ejemplo, en Chile, es del 30%. Por eso, la idea es que los menores de edad puedan acceder de manera gratuita a las cajas de ahorro".

En cuanto a la estructura de las entidades, Milman consideró que no se debe mezclar en un mismo banco a todas las funciones crediticias.

"Una institución no se puede ocupar de todo. En todos los órdenes de la vida se tiende a la especialización, y ésta no puede ser la excepción", señaló el legislador.

Y concluyó que "no es lo mismo dedicarse a prefinanciar exportaciones que centrarse en otorgar un crédito para comprar un plasma".

Fuente: iProfesional