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Deuda con los bancos provinciales: aún falta cobrar $ 800 millones

jueves, 26 de abril de 2012

Pasados 16 años de la privatización del Mendoza y del Previsión Social, se recuperaron $ 300 millones. A partir de ahora la gestión de cobranza vuelve a manos del Estado.

Con la idea de dar punto final a una historia (con varios intereses acumulados) de 16 años, la Provincia retomó la gestión directa de la cobranza judicial y extrajudicial de los créditos que posee de los ex bancos oficiales de Mendoza y Previsión Social privatizados en 1996, que se encuentran dentro de la órbita de la Dirección de Administración de Activos ex Bancos Oficiales (Daabo).

Esta tarea estuvo tercerizada hasta hace poco pero la concesión finalizaba este año y se decidió no renovarla.

Ahora, ese organismo debe comenzar a ordenar una deuda contable (en los papeles), actualizada, de $ 800 millones con unos 1.400 juicios pendientes. La acreencia original en 1996, era de $ 1.200 millones a lo que habría que sumarle intereses, así como la actualización de los montos por la devaluación de 2002.

"En realidad, el monto es mínimo ya que se ha ido disminuyendo la masa total. De ese monto hay que evaluar qué es lo que realmente se puede cobrar", explicó Graciana Furlotti, flamante directora de esta entidad. El trabajo que realizará el gobierno, entonces, será separar las deudas y abocarse a conseguir que los grandes deudores cumplan con sus obligaciones.

El año pasado, la Daabo -aproximadamente- aportó a las cuentas fiscales 46 millones de pesos mientras que en marzo de 2012 ingresaron alrededor de 2 millones de pesos por quiebras, ejecuciones o convenios, entre otros ítems. Las categorías son muchas y muy variadas.

En este contexto, la Dirección publicó la venta de ocho inmuebles -a los que se sumará uno más- por el valor base total de $ 699.500. En realidad, se trata de un concurso público de precios en el que los interesados deberán realizar una oferta a partir de los pliegos que pueden descargarse de la página web del Ministerio de Hacienda, bajo cuya órbita se encuentra desde enero la Administración de los Activos de los ex bancos estatales.

Figuritas difíciles

La decisión de no continuar el contrato de Gestión de Cobranzas que existía con la empresa Cerecred SA -que se hizo cargo en 2001- se debió, entre otras cosas, a la decisión política de reordenar las cuentas y aclarar qué es lo que se puede cobrar y qué es conveniente perseguir de la masa existente de créditos con la esperanza de algún resultado de cobro concreto.

"El objetivo es darle fin al proceso liquidador de los bancos de manera transparente", observó Furlotti, quien agregó que también se tratará de dar respuesta a los pequeños deudores que -por montos escasos- aún están en el Veraz, así como evaluar detalladamente cuáles deudas se pueden ejecutar y cuáles no.

La funcionaria -que además es abogada- contó que la idea es dar con los grandes deudores e informales que el Estado ha retomado la cobranza de lo que deben. Se estima que unas 500 personas tienen diversos tipos de deudas por demás importantes.

Venta de inmuebles

Esta semana, la Daabo publicó el concurso público para vender 8 inmuebles que le pertenecen al Estado en concepto de patrimonio privado por créditos a cobrar, algo diferente de los bienes públicos o fiscales. Algunas de esas propiedades ya fueron puestas a la venta con anterioridad pero sin éxito, por lo que ahora salen con montos inferiores.

En líneas generales, el objetivo es venderlas por precios mayores a los propuestos (el comprador también tendrá que hacerse cargo de las deudas), en especial porque no se quiere seguir gastando dinero en algunos terrenos rurales que necesitan ser custodiados y no tienen un uso alternativo para el Estado.

En total, el valor de los ocho lotes no llega a los $ 700.000. El más barato es un terreno inculto en Rivadavia de $ 37.000 mientras que el más caro es un terreno rural en San Rafael que cuesta $ 150.000.

Desde la Daabo, no obstante, la esperanza es que las ofertas sean superiores a lo básico. "Se realiza un concurso público de precios que cierra el 11 de junio", detalló Furlotti. El oferente debe depositar el 20% de su oferta en un cheque y -si gana- después se acuerda la entrega del resto del dinero 72 horas antes de firmar el boleto de compra-venta.

Si la persona pierda, el cheque es devuelto. Según la funcionaria, el proceso está tan reglamentado que no hay lugar para que se realicen especulaciones de ningún tipo. 

Fuente: Los Andes Online