inseguridad bancaria

Carolina Píparo reclama al banco $7 millones de resarcimiento

jueves, 28 de febrero de 2013

La joven que fue víctima de una brutal salidera bancaria en junio de 2010, cuando estaba embarazada, rechazó la oferta de indemnización realizada por el Banco Santander Río y se abre la instancia de juicio civil.

Carolina Piparo, la joven que fue víctima de una brutal salidera bancaria en junio de 2010 cuando estaba embarazada, rechazó la oferta de indemnización realizada por el Banco Santander Río, y el juez Civil y Comercial Enrique Gorostegui citó a las partes para fines de abril próximo para que presenten las pruebas documentales, testimoniales y periciales en defensa de sus posturas, según se desprende del expediente. La víctima insiste con un resarcimiento cercano a los 7 millones de pesos.

En la cédula de notificación, el magistrado recordó a los abogados de las partes “el deber de colaboración establecido” y el de “asistir puntualmente a las audiencias” y que esa predisposición “se tendrá en cuenta para regular honorarios”.

La notificación es concreta: “Cítase a las partes a la audiencia de prueba precedente para que comparezcan a absolver posiciones, haciéndoseles saber que en caso de incomparecencia injustificada, se darán las mismas por absueltas en la oportunidad y forma dispuesta” en el Código Procesal Civil.

En la demanda, Carolina Piparo reclama los 58.000 pesos robados en la salidera; 400.000 por incapacidad física; 700.000 por daño estético; 1.400.000 por incapacidad psicológica; 100.000 por gastos de asistencia; 10.000 por gastos de sepelio de su hijo; 1.000.000 por la pérdida de chance (la muerte del bebé); y 3.000.000 por daño moral.

Cabe recordar que la primera audiencia se realizó el 18 de octubre pasado, donde no hubo acuerdo. El 1º de noviembre se reencontraron nuevamente. En esa ocasión “el Banco mejoró la propuesta, pero creemos que todavía es insuficiente”, explicó entonces uno de los abogados de la víctima que en el fuero Civil es patrocinada por Julio García Giroti, Fabián Améndola y Gustavo Galasso.

Reclamo

En el escrito de 35 fojas que abrió la demanda, la mujer reclama $6.668.000 como reparación del daño por el ataque y la pérdida de su hijo Isidro, quien nació prematuro tras el ataque y falleció a los pocos días en el hospital San Roque de Gonnet.

"La responsabilidad del Banco Santander Río S.A. está fundada en la omisión de la debida diligencia en la vigilancia en el interior de la sucursal, permitiendo que personas que merodean, sin realizar ningún tipo de operación en la entidad, observen con absoluta facilidad el movimiento de caja con el objetivo de marcar clientes que retiren dinero. Resulta evidente que el resultado dañoso que motiva la presente no se habría producido si el Banco hubiera empleado la debida diligencia en la seguridad", concluyó la joven madre en su demanda.

En tanto el próximo lunes 4 de marzo se iniciará el juicio oral por la brutal salidera ocurrida el 29 de julio de 2010. La acusación estará a cargo de la fiscal Maribel Furnus por la secretaría de Laura Mirabelli, quien fue la instructora jefe de la investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero.

A fines de marzo de 2011, el fiscal Marcelo Romero había pedido la elevación a juicio de los acusados, aunque solicitó el sobreseimiento para tres personas involucradas en la causa: Stella Maris Grizia y Jenifer López Leguina, concubinas de dos de los detenidos, y el cajero de la sucursal del Banco Santander Río, Gerardo Pereda.

Pero reclamó llevar al banquillo a los acusados de haber integrado una “asociación ilícita” a la que atribuyó la comisión de “robo doblemente calificado en concurso real con homicidio triplemente calificado por haber sido perpetrado con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con homicidio triplemente calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los principales imputados son Carlos Burgos, Luciano López, Carlos Moreno, Miguel Ángel “Pimienta” Silva, Augusto Claramonte, Juan Manuel Calvimonte, y Carlos Jordán Juárez.

El ataque

La tragedia ocurrió el 29 de julio de 2010, cuando Carolin, embarazada de nueve meses, fue con su madre a la sucursal del Banco Santander Río de 7 y 42 de La Plata, para retirar el dinero que le permitiría firmar la escritura de su casa y así mudarse con su marido a una casa más grande por la llegada del bebé.

En rigor, Carolina había ido el día anterior con su marido para llevarse el dinero que tenían en la cuenta, pero en el banco no la habían dejado retirar la suma pretendida porque no tenían disponible, y le dijeron que volviera al día siguiente.

Fue así que ese 29 de julio Carolina retiró -con su madre- los 10 mil dólares y 13 mil pesos que necesitaba y se fue de la sede bancaria en su auto. Cuando llegaron a su casa, en las esquina de 21 y 36, fueron abordadas por dos sujetos en una moto. Aunque Carolina les entregó el dinero, uno de los delincuentes la tomó del pelo y le disparó un tiro con una bala de punta hueca que le ingresó por la mandíbula y le perforó un pulmón.

A la joven la llevaron al hospital de Gonnet, donde la sometieron a una cesárea de urgencia; el bebé Isidro estuvo en grave estado durante una semana hasta que finalmente murió.

Lo cierto es que el fiscal ponderó acusar a los imputados por la muerte de Isidro, pese a que la criatura no había nacido cuando ocurrió el hecho en sí y por lo tanto se puso en duda si tenía derechos legales como persona.

Los defensores plantearon una serie de nulidades de allanamientos que se habrían realizado sin orden judicial y en base a llamados anónimos que permitieron dar con el paradero de los hoy detenidos. También pidieron que se desechen pericias que habrían sido realizadas sin que les notificaran a esa parte del proceso. Otro motivo de reproche de la defensa fueron los informes telefónicos por entender que no estuvieron debidamente controlados por esa parte.

Durante la investigación los fiscales Marcelo Romero y Maribel Furnus realizaron un estudio de apertura de antenas de los teléfonos celulares secuestrados a varios de los sospechosos y así pudieron establecer, entre otros ítems, rutas de fuga, posibles guaridas e intercomunicaciones de la banda en horarios críticos. Todas las pruebas objetadas ya fueron avaladas por el juez de Garantías César Melazo y tres jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Rubén Carrazone, defensor de Luciano Burgos -quien fue reconocido por la víctima y testigos como la persona que le disparó para despojarla del dinero que había retirado del banco Río-, pidió la reconstrucción material del hecho con la presencia de los acusados y de Carolina, cada uno representando el rol que vivieron durante el brutal ataque ejecutado contra la embarazada en la mañana del 29 de julio de 2010.

Los abogados de la víctima no se opusieron siempre que la medida de prueba se realice “luego de escuchar a todos los testigos en el debate”, expuso el letrado Fabián Améndola. En cambio la fiscal de Juicio, Maribel Furnus, recordó que durante la investigación se pidió una reconstrucción digital animada del ataque “para proteger a la señora Carolina Piparo” por entender que revivir el dramático momento “no sé qué daños le pueda provocar” en la salud de la víctima.

En otro planteo de instrucción suplementaria, Carrazone solicitó que Burgos sea sometido a “la prueba de pentotal sódico o hipnosis”, más conocido como el suero de la verdad. En el pasado fue utilizado en psiquiatría como un hipnótico y se creía que con su aplicación y en un estado semi hipnótico, la persona decía la verdad, pero eso no está probado científicamente. Este suero se ha usado sólo experimentalmente, en algunos estados de Estados Unidos, pero en Argentina no se tiene experiencia forense y “no tiene ningún valor jurídico hacerlo”, explicaron a este medio distintos fiscales consultados quienes aclararon que la medida sería “ilegal” porque “la persona declararía bajo un estado de inconsciencia, no podría razonar, pensar sus palabras, no es libre para declarar, lo que afecta su derecho a defensa”.

Por su parte la defensa de Luciano López, quien se sospecha era el que manejaba en la moto en la que siguieron a la víctima desde el banco ubicado en 7 y 42 hasta la esquina de 21 y 36 donde su consumó el ataque armado, solicitó que se amplíe la pericia psiquiátrica a su asistido. Planteó que la juventud del acusado (tenía 19 años al momento del ataque) y su historia de adicción (consumía narcóticos desde los 12) generaron un cocktail que generaron un “grado de incomprensibilidad” del hecho y la estrategia se basará en una presunta inimputabilidad del detenido con prisión preventiva confirmada por la Cámara Penal platense.  

Fuente: Infonews