EL BANCO CENTRAL Y LA UIF ADVIERTEN SOBRE LAS TRANSACCIONES CON LA MONEDA ELECTRONICA

El riesgo bitcoin

lunes, 21 de julio de 2014

La moneda digital bitcoin, creada en 2009, no tiene ningún control de los Estados. Es utilizada en transacciones y transferencias al margen de los mercados financieros tradicionales. Peligro de una burbuja especulativa.

Kristoffer Koch, un joven estudiante noruego, compró en 2009, plena crisis global, 150 coronas (26,06 dólares entonces) en bitcoins, una moneda digital sobre la que se comenzaba a hablar en términos de experimento. Koch olvidó durante más de cuatro años esa inversión y al efectivizarla obtuvo el equivalente de 886 mil dólares, según la publicación inglesa The Guardian.

En la actualidad se estima que existen algo más de 10 millones de bitcoins en circulación, con una cotización al viernes último de 629 dólares por unidad, mientras que el límite máximo de emisión previsto es de 21 millones. El bitcoin es una moneda electrónica cuya emisión escapa al control de los Estados soberanos y es una alternativa a las monedas de curso legal. El Banco Central argentino y la Unidad de Información Financiera acercaron la lupa a este tipo de operaciones. Las autoridades de ambas entidades se reunieron con miembros de la Fundación Bitcoin para analizar su funcionamiento.

El sistema bitcoin opera como una cuenta con créditos. El sistema fue creado en 2009 a partir del protocolo P2P, que permite el intercambio directo de información, el mismo que se utiliza para compartir archivos como música y video. La moneda se genera –o descubre, en términos de minería informática– resolviendo una serie de acertijos criptográficos en la red de Internet, mecanismo que asegura y limita las transacciones.

Dado que los resultados son finitos, el sistema contempla una emisión máxima asintótica de 21 millones de monedas, de las cuales ya se llevan descubiertas 10 millones de unidades. Su oferta crece en progresión geométrica en períodos de cuatro años y son divisibles hasta en ocho decimales. Se diferencia del dinero electrónico, mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción.

La alternativa es utilizada en transacciones y transferencias al margen de los mercados financieros tradicionales. Por esta razón, el bitcoin llamó la atención de las autoridades argentinas. Ante una consulta de Cash, en el Central aseguran que por el momento no hay en estudio regulaciones para ese mercado. No hay una posición oficial aún sobre este tema.

En algunos países su negociación fue prohibida y en otros, limitada. No obstante, la entidad que conduce Juan Carlos Fábrega publicó en el portal de la web del organismo una advertencia: “Se considera oportuno alertar al público en general respecto de los riesgos que involucra su uso”. La entidad “sugiere al público usuario tener en cuenta que las denominadas monedas virtuales no son emitidas por este Banco Central ni por otras autoridades monetarias internacionales, por ende, no tienen curso legal ni poseen respaldo alguno”. “No obstante, aún no hay consenso sobre la naturaleza de estos activos, diversas autoridades han advertido acerca de su eventual uso en operaciones de lavado de dinero y diversos tipos de fraude”, agrega la publicación oficial.

Los investigadores de la UIF, que conduce José Sbattella, analizaron las características de la criptomoneda para evitar el uso de bitcoins en maniobras de lavado de dinero. Tras los sondeos, el organismo ordenó a bancos, entidades financieras, empresas y sujetos que están bajo las regulaciones antilavado a disponer de más controles sobre las transacciones concretadas con monedas virtuales.

A través de la resolución 300 publicada en el Boletín Oficial, el organismo antilavado mandata a “prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales y establecer un seguimiento reforzado, evaluando que se ajusten al perfil del cliente que las realiza, de conformidad con la política de conocimiento del cliente que hayan implementado”. El organismo busca reducir vulnerabilidades que conlleva este medio de pago para el sistema de prevención de delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La disposición entrará en vigencia el 1 de agosto. 

Fuente: Página/12