martes, 30 de agosto de 2016
Según los bancos, las tarjetas de crédito en la Argentina “tienen uno de los menores aranceles promedio de la región”. Y sostienen que “no es correcta” la información que difunden la CAC y CAME asegurando que las comisiones que se cobran aquí duplican a los de otros países de la región. “Los aranceles promedio tanto en tarjeta de crédito como de débito son de los menores de la región”.
El punto central de la presentación que los bancos y ATACYC, la entidad que agrupa a las tarjetas de crédito, hicieron ante el Congreso, es que “reducir el arancel afectará los beneficios de los consumidores”. El argumento es que “la menor sustentabilidad económica del sector forzará a las empresas a reducir promociones y beneficios, por ejemplo, el plan ‘Ahora 12’ y la financiación en cuotas sin interés, en un momento de retracción del ciclo económico y del empleo”. También apuntan que el menor uso de tarjetas de débito y crédito impactará negativamente en el grado de formalidad de la economía y afectará negativamente la recaudación fiscal.
Además, aseguran que la reducción del actual arancel del 3% que cobran las tarjetas “pretende un subsidio a los comercios, no un beneficio para los consumidores”. De este modo, argumentan que “una reducción del arancel termina en una transferencia de ingresos de una unidad económica (la emisora de la tarjeta) a otra (el comercio) sin beneficio sobre el consumidor, ya que el precio final del producto no se reduce”. Para sustentar esta afirmación detallan que en 1998 el arancel se redujo del 10% al 5% y que en 2005 pasó del 5% al 3%, y en ninguna de las dos ocasiones ese beneficio se trasladó a los consumidores.
Otro de los puntos que resaltan desde el sector financiero es que “la transferencia de ingresos será regresiva, beneficiando a las grandes cadenas comerciales en detrimento de las pequeñas y pymes”. Según este razonamiento, “las economías de escala generarán una heterogeneidad de aranceles, beneficiando a los grandes comercios y perjudicando a los pequeños”.
Y buscan dejar claro que el arancel que les cobran las tarjetas a los comercios “no es un regalo, es la contraprestación de servicios”. Entre esos servicios detallan la comercialización del producto, la administración de la relación con los clientes, la promoción y publicidad, el pago del seguro sobre saldo deudor, los riesgos de crédito, la gestión de recupero, la administración de retenciones y percepciones impositivas (AFIP) y el pago de impuestos.
También apuntan que el menor uso de tarjetas de débito y crédito impactará negativamente en el grado de formalidad de la economía y afectará negativamente la recaudación fiscal. En la embestida, aseguran que empresas o agrupadores de pago, como mercado pago y PayU, “están encuadrados en regímenes más benignos o no están obligados a retener ni informar las transacciones a los organismos de recaudación. Esto permite que los comercios puedan evadir impuestos”.
Por último, apuntan que “el Estado debería corregir las asimetrías en los medios de pago”, resaltando que la regulación “debería ser la misma para todos. La regulación o desregulación debe ser simétrica para los emisores de tarjetas, los bancos y los medios de pago no tradicionales”, que no son objeto de las mismas obligaciones, ante el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y los fiscos nacionales y provinciales.
Fuente: Crónica
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