La Justicia bahiense cuestionó a los bancos en un fallo a favor de una clienta

jueves, 13 de octubre de 2016

Deberá pagar 290 mil pesos por no acreditar un depósito de $ 4.000.

El 18 de marzo de 2014, M.A.C. (se preserva la identidad de la demandante) fue al banco Credicoop para cubrir una deuda de 4.743 pesos que mantenía con otra persona. Como había mucha gente en las cajas, le recomendaron utilizar un cajero automático. Por razones de restricción del servicio, depositó 4.000 pesos por un lado y 743 pesos en otra operatoria.

Sin inconvenientes, y con los dos tickets como comprobantes, se retiró, aunque grande fue su sorpresa cuando a los pocos días el acreedor le advirtió que solo había recibido 743 pesos.

M.A.C. se dirigió al banco, aunque dijo que desde un primer momento se la trató “con total desprecio y falta de información”. Le dijeron, con absoluta liviandad, que no tenían respuestas para darle, entre otras evasivas.

Pasó por la OMIC

La mujer acudió a la OMIC y, sin acuerdo prejudicial, inició la demanda ante la Justicia, que le dio la razón. En primera instancia, se hizo lugar a una condena por el daño emergente (4.000 pesos) y el punitivo (72 mil pesos), aunque la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial amplió la sanción.

Incluyó el daño moral (20 mil pesos, más intereses) y aumentó el daño punitivo -multa civil que deberá ser abonada a la víctima-, que llevó a 270 mil pesos, más intereses. De todas maneras, el fallo de los jueces Abelardo Pilotti, Leopoldo Peralta Mariscal y Guillermo Ribichini, al que tuvo acceso La Nueva., aún no está firme.

“Puede no ser casual”

Pilotti, en su voto, cuestionó el proceder de los bancos porque, en este tipo de circunstancias, muchos se aprovechan de su poderío ante los consumidores.

“Estamos ante una actitud ciertamente reprochable de una entidad bancaria frente a una consumidora que, individualmente, carece de importancia para el proveedor puesto que sus ingentes recursos no los genera cada cliente en particular sino los miles, o decenas de miles de ellos en conjunto”, dijo.

“De lo que se trata es de facturar más, de tener más clientes, de proveer más servicios, de otorgar más tarjetas de crédito, más cuentas corrientes, etc., disminuyendo los costos operativos a través de la instalación de terminales de autoservicio y que, frente a alguna falla, no responde debidamente”, agregó el camarista.

En esa misma línea, Pilotti remarcó que se obliga al damnificado a que “vague por todas las instancias imaginables”, hasta no tener otro remedio que recurrir a la justicia.

Por último, opinó que este tipo de actitudes “pueden no ser casuales” y solo pueden aplacarse en el futuro a través de multas “que disuadan al infractor de la alternativa de reincidir”. 

Fuente: La Nueva