por Juan Luis Depetris
miércoles, 03 de marzo de 2010
Son muchas las voces que afirman que la irrupción de la securitización y su uso generalizado en el sistema financiero mundial en los últimos 25 años ha transformado el perfil de la actividad bancaria tradicional. Los bancos han dejado de enfocarse exclusivamente en el otorgamiento de préstamos y su administración hasta el cobro total, y han ido virando hacia una concepción del negocio donde la originación de préstamos y su inmediata venta a intermediarios ha pasado a ser moneda corriente.
Desde su creación en los años 70´ los bancos han encontrado en la securitización de carteras de créditos un modo exitoso de transformación de flujos de fondos futuros en activos líquidos, lo cual tiene consecuencias directas sobre su capacidad prestable inmediata, sus ratios financieros y la exigencia regulatoria de capital.
Sin dudas que la crisis subprime desatada en el 2008 es un hito en la evolución fenomenal del mercado de securitizaciones y puso en evidencia la necesidad de incorporar mayores controles regulatorios en su utilización. La enseñanza que debe recogerse de esta experiencia es que la securitización no es el mal en si mismo, sino el uso indebido e inescrupuloso que los distintos agentes económicos hicieron de esta herramienta.
Argentina no ha sido una excepción a este fenómeno y aún con las limitaciones del mercado financiero local, la securitización tuvo un notable crecimiento en el país.
Recordemos que una vez superada la crisis del 2001, la securitización, bajo la forma del fideicomiso financiero, ha sido la herramienta de financiamiento genuino más utilizada por las empresas argentinas en el mercado de capitales, lo cual se tradujo en casi 1.200 colocaciones con oferta pública por un valor total aproximado de $ 45.000 millones en el período 2002-2009.
En los últimos 2 años las emisiones anuales alcanzaron una cifra cercana a los $ 10.000 millones, pese a enfrentar un contexto desfavorable, con caída de actividad económica, crisis financiera internacional y eliminación de incentivos fiscales. A ello deben sumarse los negativos efectos del caso Bonesi hacia Abril de 2009 y la posterior ampliación de requisitos regulatorios por parte de la CNV y la Bolsa.
En este contexto, los bancos y compañías financieras locales han tenido una activa participación como originantes en el mercado de securitizaciones, acompañando la tendencia global y haciendo uso del know how local y estructura, lo que les ha permitido participar paralelamente como organizadores, fiduciarios, agentes de administración y colocadores.
De acuerdo a datos aportados por la Calificadora de Riesgo Moody´s en su último reporte sobre securitizaciones, los bancos privados tuvieron una participación del 16,5% en el 2008 y del 18% en el 2009 sobre el monto total emitido en pesos en fideicomisos con oferta pública. Por su parte, las compañías financieras (no bancarias) representaron un 30,4% y un 15,5% en tales períodos respectivamente.
Una diferencia que vale la pena destacar respecto a mercados desarrollados es que en las emisiones locales las hipotecas no representan un volumen significativo, alcanzando una participación del 7% en el total emitido durante 2009, lo cual se explica fundamentalmente por tratarse de un mercado local muy reducido. Piénsese que en EEUU se estima que hacia el 2008 aproximadamente un 80% del total de hipotecas se encontraban securitizadas.
Los préstamos personales y los cupones de tarjeta de crédito bancarios y no bancarios son los principales activos subyacentes en las securitizaciones locales con oferta pública, representando un 90% del valor emitido en el 2008, y un 50% en el 2009, de acuerdo a datos de Moody´s.
Hacia delante, la evolución de las securitizaciones en Argentina dependerá sin dudas de la marcha de la economía y de la estabilidad de las reglas de juego. Para una mayor articulación de los mercados financieros y de capitales y el crecimiento del mercado de fideicomisos financieros, será clave lograr una un incremento en la oferta de créditos de consumo e hipotecas y una mayor participación de inversores individuales e institucionales privados en el mercado de capitales.
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