¿Es viable la actividad financiera a cargo del Estado?

por Eduardo Barreira Delfino

martes, 18 de enero de 2011

Hacia fines del año transcurrido tomo estado público el debate generado a raíz de la presentación de 3 proyectos de ley de reforma de la Ley de Entidades Financieras, centrándose la discusión sobre si la actividad financiera es un servicio público a cargo del Estado (directa o indirectamente) o si es una actividad a cargo de la iniciativa privada de fuerte interés público y permanente supervisión estatal.

En este sentido quiero resaltar que, por más buenas intenciones que tengamos, el Estado no esta estructurado para brindar un servicio público eficiente.

La historia de los servicios públicos en nuestro país, por lo menos en los últimos cincuenta años, no es halagadora ni ejemplo de virtuosidad (el Erario público es fiel testigo de ello).

En el funcionamiento del Estado son relevantes los procedimientos de organización y los factores intelectuales, en lo que respecta a la incorporación, retención y capacitación de los funcionarios públicos, para la adecuada implementación, continuidad y consolidación de las políticas aplicables en general (en nuestro caso, las políticas económicas y financieras).

Nuestro país no se vanagloria de poseer una infraestructura institucional y una organización habilitada y predispuesta para llevar a cabo comportamientos estatales eficientes, coordinados y de duración sostenida.

En líneas generales prevalece un sistema de favoritismo (generalmente político, amistoso y familiar) en la elección e incorporación de los funcionarios públicos y no un sistema fundado en la profesionalidad, el mérito y la experiencia.

La estructura institucional del Estado requiere un nivel mínimo de procedimientos administrativos meritocráticos, continuidad del personal estatal y respeto por las competencias, misiones y funciones asignadas por la ley a los distintos organismos centralizados y, particularmente, autárquicos que integran el aparato estatal. La conformación de una “burocracia tecnócrata” y comprometida con el bienestar general, tiene un efecto decisivo en la estabilidad del Estado y en la posibilidad de que las ideas sustanciales encarnen en las instituciones.

Nuestro país demuestra a lo largo del tiempo serias dificultades para incorporar, capacitar y retener al personal estatal calificado, lo que se traduce en la discontinuidad de los funcionarios, conformándose así una “burocracia híbrida” y desinteresada en cumplir sus obligaciones laborales, que hace dificultoso la adopción, implementación y permanencia de ideas y medidas exitosas como sustentables, por parte de los organismos estatales.

La problemática reside en la disyuntiva siguiente: por un lado se predica que el rol del Estado debe procurar que las tareas burocráticas requieran pericias y conocimientos propios de los saberes técnicos correspondientes pero, por el otro, se siente que el rol del Estado debe exigir lealtades políticas de quienes ejerzan responsabilidades administrativas en los más disímiles niveles y en las designaciones pertinentes.

Se declama valorar la eficiencia y la experiencia pero la práctica indica que ello se superpone con la lealtad política y el adoctrinamiento, lo que termina imponiéndose. He aquí la incongruencia, lo que lleva a recordar la famosa “Ley de GRESHAM” acerca de que la mala moneda termina por desplazar a la buena moneda (recuérdese la convivencia de billetes y bonos provinciales).

La politización en las promociones y las designaciones, en lugar de organizar el aparato estatal, lo desorganiza; en vez de jerarquizar la acción del Estado, la desprestigia.

Siendo ello una constante en el país, no debe llamar la atención la debilidad institucional del Estado, la falta de autonomía de la política partidaria o sectorial y la ausencia de capacidad funcional. Consecuentemente ello explica porque el Estado está al servicio de los sectores de la sociedad vinculados al gobierno de turno, en vez de estar tales sectores al servicio del Estado.

El Estado así colonizado por los gobernantes y afines, siempre va a decir “SI” a los intereses de los propios y “NO” a los de quienes son ajenos, lo que evidencia en lo hechos, la sustitución del Estado por el Gobierno.

La intermediación financiera bajo esta pseudo concepción de servicio público, administrada por funcionarios caracterizados de la manera expuesta precedentemente, lejos quedará de ser eficiente en la canalización y distribución de los ahorros y el crédito, para beneficio de todos los sectores económicos y sociales de la comunidad.