Insólita propuesta de reforma del BCRA

por Eduardo Barreira Delfino

jueves, 14 de julio de 2011

Ha transcendido un proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, impulsado por la diputada Blanca Osuna, que persigue eliminar elípticamente la autarquía y autonomía del BCRA.

Ha transcendido un proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, impulsado por la diputada Blanca Osuna, que persigue eliminar elípticamente la autarquía y autonomía del BCRA, iniciativa que demuestra un notable desconocimiento de las diferencias dinámicas entre la macroeconomía y la microeconomía y del rol que tiene un banco central en la economía moderna globalizada y en el soporte imprescindible que requiere todo proceso de desarrollo nacional (que es algo mucho más sustancialmente significativo que un simple cuadro numérico indicativo de que hay crecimiento económico).

Las funciones del BCRA son macroeconómicas, por ello no operan en el mismo nivel que los bancos comerciales o de inversión, cuyas funciones son microeconómicas.

Por lo tanto, no puede pretenderse que el BCRA sea una suerte de banco de fomento de las actividades económicas, afectando las reservas disponibles de la institución. Para ello ya están el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que cuentan con gran volumen de captación de recursos de ahorristas y del sector público, lo que se traduce en gran capacidad para canalizarlos en préstamos a los sectores productivos.

Además si el BCRA tiene a su cargo la supervisión de las entidades financieras, no puede ser colocado en el mismo plano de las mismas, salvo que la confusión conceptual sea atroz.

Tampoco la utilización de las reservas depende de los poderes que gobiernan el Estado, precisamente porque son del BCRA en su calidad de institución autárquica y autónoma operativamente.

Además, comprometer reservas para alimentar líneas de préstamos para la promoción o subsidio de determinadas actividades o a favor de ciertos sectores sociales, pareciera indicar que el sistema financiero se encuentra desnutrido y debilitado, lo que no es cierto.

Por otra parte, el uso de reservas disponibles en esos destinos, atenta con el rol de prestamista de última instancia que compete al BCRA, cuando el sistema financiero deja de gozar de buena salud en virtud de crisis sistémicas que comprometen el funcionamiento de las entidades financieras y poner en riesgo la recuperación de los depósitos de los ahorristas.

Por consiguiente, pareciera que el proyecto en cuestión es solo una burda intención de eliminar límites de poderes, consagrados en nuestra Constitución Nacional y en la ley, limando la autarquía y autonomía funcional vaya a saber con que fines, puesto que el proyecto –en lo confesable- nada mejora.

El mundo viene refirmando la convicción de que los bancos centrales deben contar con independencia decisoria y operativa, para lo cual las leyes orgánicas tienen que resguardar que esa autonomía sea realmente efectiva y no aparente, particularidad ésta que haría permisiva la injerencia gubernamental.

La razón de la independencia es esencialmente técnica y consiste en comprender que la política monetaria requiere, por su propia naturaleza, de márgenes temporales amplios, debido a que sus efectos se trasladan y consolidan en la economía de modo “mediato”, manifestándose a través del posicionamiento continuado de las variables económicas y de la adecuación pausada de los agentes económicos, a las proyecciones trazadas.

La idea primordial consiste en promover una institución con un horizonte de largo plazo y libre de presiones políticas, para garantizar la estabilidad financiera y monetaria en el tiempo. En este sentido, se requiere de alguien que mantenga un comportamiento neutral en la gestión de los instrumentos monetarios, elemento esencial a la hora de perseguir la estabilidad del sistema económico.

Es por ello, que los bancos centrales tienen a su cargo la política monetaria del país para garantizar que la economía no se recaliente en la bonanza ni se hunda en la depresión. Gráficamente puede decirse que los bancos centrales son quienes preparan y abonan la “tierra” para que los agentes económicos –públicos y privados- puedan sembrar y cosechar en procura de los objetivos proyectados. Pero, además, deben mantener las economías alejadas de las burbujas como de las crisis.

Para ello es imprescindible que los bancos centrales se ocupen de mantener controlada la inflación; ya que esa misión es la única que puede generar la credibilidad macroeconómica que es imprescindible para todo proyecto y emprendimiento económico público y privado.

En esta línea también fue enrolado el Banco Central de la República Argentina desde hace 20 años, para lo cual, el Art. 1º de la Carta Orgánica aprobada por la Ley 24.411 le asigna el carácter de “entidad autárquica” y el Art. 3º le impone la misión primordial de “preservar el valor de la moneda”.

El carácter de "entidad autárquica" persigue el propósito de que el reconocimiento de personalidad jurídica propia (que a su vez implica patrimonio y recursos propios), sirva como respaldo de su autonomía funcional e independencia de actuación para preservarlo de la interferencias y manipulaciones de orden político coyuntural.

Esa autarquía, cuya razón de ser es estrictamente técnica, conlleva que la institución no se encuentre subordinada al poder de turno, por un lado, y por el otro, le permita obtener y consolidar prestigio en la sociedad.

El BCRA autárquico y, consecuentemente, autónomo afianza el sistema de división de poderes que consagra nuestra Constitución Nacional, cuya raíz filosófica radica en el reparto del poder entre diferentes órganos, no tanto para aislarlos recíprocamente, sino para permitir el control cruzado de los unos sobre los otros, siguiendo a MONTESQUIEU en su prédica de “que el poder detenga el poder”.

Los órganos constitucionales autárquicos y autónomos, no se adscriben a ninguno de los poderes tradicionales del Estado y representan una evolución de la teoría clásica de la división de poderes, porque se entiende que puede haber órganos ajenos a los poderes tradicionales sin que se vulneren los principios constitucionales y democráticos.

La independencia pregonada no sólo debe ser respecto de las autoridades políticas sino también de los mercados financieros. De allí la significativa trascendencia del "prudente equilibrio" en la gestión de los bancos centrales, entre lo que quieren los políticos y los mercados (porque los beneficia) y lo que no quieren (porque los perjudica). Esto es vital, porque los políticos y los mercados se fijan metas de corto o cortísimo plazo; por el contrario, los bancos centrales deben fijarse metas de mediano o largo plazo, en procura de la estabilidad macroeconómica como condicionante de las actividades de los distintos sectores políticos, económicos y sociales de un país.

También es importante la autarquía y la autonomía, porque de ese modo la gestión de los bancos centrales genera credibilidad en la sociedad. Esta credibilidad adquiere relevancia y se pone de manifiesto en las crisis financieras, donde los bancos centrales pueden verse obligados a tomar medidas excepcionales, generalmente impopulares y escasamente comprendidas, por lo que la credibilidad insertada en el seno de la sociedad hace más transitable la asunción de las crisis y de su salida. Veamos lo sucedido en la crisis financiera mundial del 2008.

Este es el modelo que persigue la actual Carta Orgánica cuando refirma la naturaleza autárquica del Banco Central de la República Argentina, como medio indispensable para asegurarle la independencia funcional necesaria para poder cumplir –sin interferencias políticas de turno- su primordial misión como es la de preservar el valor de la moneda.

Téngase presente que un país sin moneda tiene hipotecado su futuro desarrollo económico. Ergo, la misión sustancial endilgada al Banco Central debe conjugarse con el principio nominalista de la moneda establecido por nuestro Código Civil, cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero. En este sentido, es imprescindible recordar una de las máximas de Lenin: "si quieres destruir el capitalismo, comienza por destruir su moneda". Los últimos 50 años de la vida económica del país, confirman holgadamente esta máxima ($ 1 peso - 2011, equivale a $ 0,0000000000001 pesos moneda nacional - 1968).

Siempre ha existido la preocupación acerca de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional recurriese al Banco Central para financiar sus eventuales desequilibrios presupuestarios. De allí la importancia de dotar al Banco Central de independencia frente a los criterios del Ejecutivo y, por supuesto, monitorear que esa independencia no se desvirtúe en los hechos. Es preciso resaltar que quien emite moneda no puede ser condicionado por quien ejecuta el presupuesto.

El Premio Nobel de Economía del año 2004 fue otorgado a dos reconocidos investigadores – FINN KYDLAND y EDWARD PRESCOT – por su contribución a la teoría de los ciclos económicos desde el lado de la oferta y el desarrollo de reglas sustentables en el tiempo, que explican y predicen la evolución de la economía, resaltando la relevancia que tiene la credibilidad de las políticas aplicables, para lo cual es imprescindible que los bancos centrales tengan independencia suficiente de los gobernantes, a fin de poder implementar políticas monetarias creíbles (en este sentido, destacan que en los países latinoamericanos la política monetaria no es para nada predecible debido a la falta de independencia de sus bancos centrales). Pareciera que la diputada impulsora del proyecto mencionado simpatiza con la ambigüedad monetaria y financiera, propia de los países subdesarrollados.